Manifiesto policial santacruceño
Para las reuniones del Consejo de las condiciones laborales del año 2016
“…La justicia sin fuerza es impotencia, la fuerza sin derecho es brutalidad…” (Pascal – Pensamientos)
Después de larga lucha y muchísimo dolor hemos logrado crear un espacio para debatir respecto a nuestros salarios y condiciones laborales. Para estos fines se creó el “Consejo del Salario y de las condiciones laborales”. Precisamente el nombre lo decía todo y así lo acordamos con el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz. De hecho, obran constancias de anteriores paritarias que ambos fines ha tenido en el pasado.-
No obstante, con este nuevo gobierno, pareciera ser que se adoptará un criterio más acotado, un nuevo derrotero y que solamente discutiremos salarios. Entendemos que ello ha de implicar un retroceso en este proceso de trasformación de la institución policial en especial y del sistema de seguridad pública en general.-
Comprendemos que todos acá vamos a coincidir respecto a la necesidad de un espacio de esta naturaleza y que no se limite pura y exclusivamente a lo salarial. Pues lo salarial constituye un solo aspecto de las condiciones laborales. En definitiva, consideramos que sería conveniente denominar a este espacio: “Consejo de las condiciones laborales del trabajador policial”.-
Más allá de que muchos puedan oponerse a la sindicalización policial, comprendemos que después de todo lo que nos ha pasado y que nos sigue sucediendo; todos deberíamos reflexionar respecto a su conveniencia. Tal vez reflexionando y admitiendo que el policía es un trabajador y que por ser policía y menos aún por ser trabajador pierde el estatus de persona. Partiendo de esa base indiscutible, toda persona tiene derecho a reclamar un salario digno y exigir que las condiciones laborales en que desempeña sus funciones estén igual por encima de los estándares mínimos aceptables. Toda persona tiene derecho a no ser discriminada, y si la Constitución ha establecido la igualdad para todas las personas por un lado y por el otro garantiza que todos pueden agremiarse y exigir ese mínimo derecho protectorio laboral que el mismo orden jurídico positivo establece. Va de suyo, inteligir, que de no hacerlo con el sector policial constituye una flagrante discriminación contra los individuos que formamos parte de esa categoría, que por cierto termina siendo discriminada.-
Nadie podrá negar acá, que nuestra institución trasunta una grave crisis. Los retirados presentes, el Sr. Jefe de Policía, los representantes del Ejecutivo Provincial y nosotros, en representación del sector activo, no podemos dejar de afirmar que en esta policía nada funciona. Pues no hay nada más verdadero que tal afirmación. Nada, absolutamente nada, en nuestra actividad se acerca a lo que un Estado de Derecho puede establecer respecto a una fuerza de seguridad pública.-
No obstante, con este nuevo gobierno, pareciera ser que se adoptará un criterio más acotado, un nuevo derrotero y que solamente discutiremos salarios. Entendemos que ello ha de implicar un retroceso en este proceso de trasformación de la institución policial en especial y del sistema de seguridad pública en general.-
Comprendemos que todos acá vamos a coincidir respecto a la necesidad de un espacio de esta naturaleza y que no se limite pura y exclusivamente a lo salarial. Pues lo salarial constituye un solo aspecto de las condiciones laborales. En definitiva, consideramos que sería conveniente denominar a este espacio: “Consejo de las condiciones laborales del trabajador policial”.-
Más allá de que muchos puedan oponerse a la sindicalización policial, comprendemos que después de todo lo que nos ha pasado y que nos sigue sucediendo; todos deberíamos reflexionar respecto a su conveniencia. Tal vez reflexionando y admitiendo que el policía es un trabajador y que por ser policía y menos aún por ser trabajador pierde el estatus de persona. Partiendo de esa base indiscutible, toda persona tiene derecho a reclamar un salario digno y exigir que las condiciones laborales en que desempeña sus funciones estén igual por encima de los estándares mínimos aceptables. Toda persona tiene derecho a no ser discriminada, y si la Constitución ha establecido la igualdad para todas las personas por un lado y por el otro garantiza que todos pueden agremiarse y exigir ese mínimo derecho protectorio laboral que el mismo orden jurídico positivo establece. Va de suyo, inteligir, que de no hacerlo con el sector policial constituye una flagrante discriminación contra los individuos que formamos parte de esa categoría, que por cierto termina siendo discriminada.-
Nadie podrá negar acá, que nuestra institución trasunta una grave crisis. Los retirados presentes, el Sr. Jefe de Policía, los representantes del Ejecutivo Provincial y nosotros, en representación del sector activo, no podemos dejar de afirmar que en esta policía nada funciona. Pues no hay nada más verdadero que tal afirmación. Nada, absolutamente nada, en nuestra actividad se acerca a lo que un Estado de Derecho puede establecer respecto a una fuerza de seguridad pública.-
Resulta inadmisible pensar que podemos continuar y mantener esta situación. Durante décadas estuvimos obligados a callar y contribuir a que se siga manteniendo este perverso, violento, arbitrario e irracional orden institucional que no conduce a otra cosa que a la “injusticia”. Injusticia sí, no tiene otro nombre, es realmente injusto mantener una institución policial regulada exclusivamente por normas y reglamentos en plena comunión con el autoritarismo y la intolerancia, normas al amparo de las funestas acciones para nuestra Patria de una dictadura militar.-
Nadie nos puede negar eso; pues así regulamos nuestra vida institucional. Con normas y reglamentos dictatoriales. Reglamentos que paradójicamente parece ser que veneramos cotidianamente. Mediante esas “leyes” y “reglamentos” hemos legitimado y reproducido la doctrina perversa, arbitraria, violenta y autoritaria que aquellos generan. Contradictoriamente si, pues esta subcultura generada a partir de dicha reglamentación y doctrina producida en torno a ella traspira opacidad e irracionalidad, produce y reproduce arbitrariedad, violencia y autoritarismo. Sin embargo, seguimos promoviendo a nuestros efectivos mediante la aplicación de tales criterios. Seguimos trasladando nuestro personal al tenor de esas absurdas directrices, así sancionamos nuestro propio accionar sin investigar jamás los verdaderos problemas de fondo que tenemos. Nunca buscamos las causas de nuestro fracaso, pues esa cultura entiende que los únicos que se pueden equivocar son los subalternos o los considerados “civiles”.-
Esa doctrina presume que la crítica siempre es destructiva, se convierte en una infranqueable coraza que impide solucionar los viejos y nuevos problemas que conspiran contra la producción de un servicio eficiente y eficaz. Efectivamente constituye una paradoja que precisamente sea la policía, y los policías los que terminen produciendo más cantidad de hechos violatorios de los derechos humanos que los que deberían evitar.-
Resulta inadmisible que dentro de la institución policial exista acoso sexual, que se produzcan hechos de acoso laboral, que no se reconozcan y articulen las más elementales normas de seguridad laboral. Inadmisible es que nuestro sistema de formación incremente el riesgo de vida de los futuros policías, y que el mismo sistema tendiente a la actualización permanente de la función policial pueda producir desenlaces como lo que sucedió con Ceballos. Quien dejara de existir resultando víctima de asfixia mecánica mientras participaba en un curso de salvamento y rescate. Resulta inadmisible que nadie indagara respecto a la ausencia total de planificación cuando la improvisación y falta de recursos más aberrante fuera la principal protagonista en la muerte de Sayago. Nadie podrá negar que tales decesos eran inevitables y que no hemos hecho absolutamente nada para evitar semejantes sucesos en el futuro.-
Miles de hombres y mujeres acosados, ninguneados, humillados, denostados y sometidos a prácticas vejatorias engrosan cotidianamente la pirámide de víctimas de este irracional pero sistemático aparato de privación masiva de derechos humanos policiales y nadie hace nada por evitarlo.-
¿Cuántas mujeres acosadas sexualmente más necesitamos para tomar cartas en el asunto? ¿Cuántos trabajadores policiales acosados laboralmente se requieren, o cual es el número exacto de efectivos relegados en sus ascensos o qué porcentaje de adictos a las drogas, al alcohol, al juego se necesitan para que se haga algo para poder evitar funestas consecuencias? Entendemos que desde el nacimiento de esta Institución nos viene sucediendo esto. Hemos generado, y actualmente mantenemos, un entorno totalmente irracional y violento que produce puertas afuera, como no podría ser de otra manera, los mismos que genera en su interior.-
De ahí, que consideremos, que este espacio debe tener como finalidad insoslayable el tratamiento de las condiciones laborales. Pues el salario también es una condición laboral. No se trata de una mera cuestión semántica. Efectivamente tenemos que tratar estos problemas. Dada la relevancia e importancia que estos tienen. Debido a la histórica invisibilización de estas problemáticas hemos tenido que llorar vidas, hemos tenido que lamentar y soportar tanto dolor provocado por la impotencia que genera la injusticia.-
Entendemos que si mantenemos y optimizamos este espacio de debate vamos a lograr efectivamente una institución transparente. En espacios como el que pretendemos vamos a lograr juntar la información pertinente que nos servirá para plantear correctamente el problema; elevando con ello la posibilidad de su solución. Resulta ello una condición “sine qua non” para poder así cumplir lo que la sociedad espera de su policía y de su sistema de seguridad.-
Prestigiosa y reconocida doctrina asume que la seguridad es el derecho a los derechos. Se pretende afirmar con ello que la seguridad no tiene contenido propio; sino que constituye el plafón necesario para la producción de todos los demás derechos garantizados en las Constituciones Nacionales y del Derecho internacional humanitario. No pretendemos dar lecciones sobre “ius filosofía” ni sobre derecho constitucional; menos aún está en nuestras intenciones dar recomendaciones de cuál es el rol de los poderes de un Estado. Solo vamos a sostener que el papel de las fuerzas de seguridad, esto es de las policías, son de vital importancia en el desarrollo de cualquier sociedad. Pues constituye uno de los aspectos insoslayables de cualquier sistema de seguridad. La policía, no representa todo el sistema, tan solo es una parte del mismo, pues se convierte en el órgano de ejecución de las decisiones tomadas por los operadores del sistema judicial y también de los ejecutivos que precisamente son los que deberían conducirlas.-
En un Estado de Derecho se debe encontrar el correcto equilibrio entre la fuerza y el derecho. Una combinación lo más exacta posible de aquellos dos factores. Se trata de complementar el derecho y la fuerza para el logro de la forma más equitativa de distribución de derechos en una sociedad determinada. En esa búsqueda del mas óptimo equilibrio entre el derecho y la fuerza no se puede soslayar jamás que el derecho sin fuerza es impotencia y que la fuerza sin derecho es mera brutalidad. Y lamentablemente, la última parte de esta máxima representa y constituye la mejor definición actual de nuestra institución policial. Nuestra policía actualmente es eso, y lo es desde su creación y puertas adentro, siempre ha sido nada más que eso: “fuerza sin derecho”.-
Consideramos que deberíamos avergonzarnos de lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo con esta institución policial. Entendemos que todos tenemos una cuota de responsabilidad en los desenlaces traumáticos que han ocurrido, todos somos responsables de la artera muerte del compañero CEBALLOS, todos somos, en mayor o menor medida, responsables en la desaparición física nunca esclarecida de nuestro compañero CHOCOBAR, todos somos responsables de una gran mayoría de suicidios ocurridos en las filas policiales, todos somos responsables, en mayor o menor grado, de los acosos sexuales, de las prácticas vejatorias, de las humillaciones y de esta cultura lesiva de la dignidad y la humana condición de una gran mayoría de policías. Somos todos responsables, pues atinado es decir que: son tan culpables de la violación de los derechos humanos todos aquellos que se quedan sentados sin hacer nada por evitar esos daños, que los propios individuos que materialmente los provocan.-
Tenemos que asumir de una buena vez esa cuota de responsabilidad. Tenemos que aprender de una buena vez a capitalizar tanto dolor. No tiene sentido seguir manteniendo este sistemático aparato de privación masiva de derechos humanos contra el personal policial so pretexto de forjarles el carácter o de no incurrir en “desprestigio institucional” al callar lo que deberíamos denunciar por mandato del derecho internacional. Pues de no hacerlo incumplimos los preceptos del mismísimo Código de Conducta para los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley. Que dicho sea de pasos más allá de nuestros reclamos y sugerencias nunca se ha introducido a nuestra reglamentación disciplinaria.-
No se puede decir que tenemos una fuerza armada, cuando el estado no proporciona a todos y a cada uno de los efectivos policiales el armamento reglamentario; cuando no se nos provee de tonfas o bastones y ni siquiera se ha homologado y reglamentado su uso. No podemos disponer de efectivos policiales en el territorio, algunos armados y otros no, y menos aún podríamos armarlos cuando nadie se ha preocupado y/u ocupado de redactar un reglamento del armamento.-
No podemos salir a la calle exigiendo seguridad cuando en nuestra propia dependencia no se cumple los estándares mínimos de higiene y seguridad laboral. No podemos, e inadmisible es, no responder tal como lo dice el derecho ante un accidente laboral de los efectivos policiales. No podemos decir que no tenemos “seguros”, que nos siguen faltando chalecos antibalas, que hemos asumido encargarnos de combatir los siniestros a escala provincial cuando muchas veces no contamos con las auto-bombas en condiciones y con el equipo adecuado para que nuestros bomberos no arriesguen innecesariamente sus vidas.-
No podemos, e inadmisible es, que hayamos asumido la responsabilidad de participar en la ejecución de la pena y a nosotros mismos nos produzca asco las condiciones de esos depósitos de personas que llamamos cárceles. Exigiendo luego a los escasos efectivos de este servicio penitenciarios que continúen arriesgando su integridad física en un entorno miserable y de superlativa conflictividad.-
Lamentablemente no podemos continuar así. No podemos llamar dispositivo de seguridad preventiva, conjurativa o de investigación a prácticas que nunca fueron planificadas, que han sido organizadas en la más aberrante improvisación. Consideramos que debemos asumir de una buena vez, que hacemos todo mal. Debemos asumir que nunca hemos reclutado racionalmente, que la razón nunca fue un criterio a la hora de ascender a nuestros efectivos y menos aún al momento de relegarlos. No nos podemos seguir investigando entre nosotros ante eventuales denuncias de abusos funcionales o supuestas violaciones de un Régimen disciplinario que no toma en cuenta a la hora de valorar la gravedad de la falta, el eventual daño que se le irroga a la sociedad, sino que solo se preocupa, exclusivamente, por mantener indemne la cadena de mando. Quien acusa no puede seguir sancionando, se requieren investigaciones imparciales, en consecuencia, no podemos seguir privando a nuestros policías del derecho al debido proceso. De continuar en dicha senda, seguiremos permitiendo que hombres como Berti Cárdenas lleguen a la más alta jerarquía de nuestra institución mientras que seguiremos expulsando y desincentivando a nuestros mejores funcionarios. Debemos aprender a investigar los hechos por encima de las personas. Pues en definitiva terminamos haciendo exactamente lo mismo con la sociedad, y al hacerlo frustramos la posibilidad de que estos puedan acceder a sus derechos humanos.-
Para asumir todo esto, deberíamos y debemos, crear un diagnóstico de inmediato. Un diagnóstico que nos permita hoy mensurar todo este cúmulo de miserias, debemos publicarlo para que toda la sociedad lo conozca. Eso nos trasparentaría y se convertiría en el mejor baremo de referencia y de control para que definitivamente seamos lo que siempre hemos debido ser: “… funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley que lo hacen cumpliendo la ley…”. Nosotros les aseguramos que eso no nos va a desprestigiar. Pues no se desprestigia lo que total y absolutamente ha perdido prestigio. Pensar en tal sentido implica creer que se puede desnudar a quien está desnudo. La única manera de obtener prestigio es la construcción del mismo conforme a lo valores constitucionales. Tenemos que inculcar por medios lícitos en cada una y en cada uno de nuestras mujeres y hombres que son ellos verdaderos garantes de la Constitución Nacional y Provincial; que deben convertirse y estar orgullosos de ser los guardianes de los derechos humanos de todos los santacruceños.-
Un policía no debe ser formado en los tormentos y en las humillaciones, sino educado conforme a los principios axiológicos de la Constitución Nacional, en los indiscutibles axiomas del Estado de Derecho y del derecho internacional humanitario. Un policía o un trabajador policial debe ser un profesional en la defensa de los derechos de los ciudadanos con quienes coexiste en una jurisdicción determinada. El trabajador policial es un trabajador calificado, debe convertirse en un ciudadano igual a cualquiera, con la diferencia en que la sociedad ha depositado en su persona la facultad de usar la fuerza, como última ratio, emplear la violencia autorizada cuando sea justo y en la medida de lo necesario; en aras de asegurar la coexistencia pacífica en libertad de toda la población santacruceña. Usar la violencia en las ocasiones que el derecho lo ha establecido; precisamente para garantizar los derechos constitucionalmente consagrados, el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, ¿y también porque no? A resistir la opresión.-
Efectivamente, este policía debe ser bien pago. Consideramos que después de tantos años, recién en el año dos mil doce, y debido a la acción de miles de policías que buscaban dignidad, comenzamos a construir un estatus que no estamos dispuestos a perder. Que no sería justo que volvamos a los viejos estadios de miseria que siempre han caracterizado la labor policial.-
No sería para nada justo que retrocediésemos, volviendo a percibir salarios miserables que no nos permitían satisfacer las más mínimas necesidades. Ciertas familias policiales, tan solo recientemente y después de las movilizaciones del dos mil doce lograron irse por primera vez de vacaciones, comprar un automóvil, adquirir terrenos, construir y/o refaccionar sus viviendas, financiar el estudio de sus hijos, etc. Y otras tantas se aproximaron por primera vez en sus vidas a llegar a fin de mes. Ya no tenemos pedidos de renuncias y bajas masivas, al tiempo que existen miles de jóvenes con intenciones de ser policías. Esto ocurre por primera vez en nuestra historia. Hemos observado, y la realidad lo demuestra, que el personal superior se puede vestir hoy adecuadamente y han abandonado definitivamente su harapiento vestuario.-
Nosotros habíamos logrado recomponer el salario policial y nuestros agentes percibían mensualmente y por ocho horas de trabajo diario la suma aproximada de dos mil dólares. Decimos dólares pues ese es el baremo de referencia de todo mercado en nuestro país, el inmobiliario se maneja en dólares, lo propio hace el mercado automotriz y también los alimentos se alteran cuando esta moneda aumenta o disminuye. Lamentablemente todas nuestras necesidades se mensuran y actualizan con dicha moneda. Y eso nadie lo puede refutar.-
Hoy, tras la liberación del mal llamado “cepo cambiario” nuestros agentes ya no perciben dos mil dólares. En consecuencia, ostensiblemente esa suma ha disminuido y con ello también nuestras posibilidades de costear la canasta básica. Es decir, que trascurridos pocos meses volveremos a la realidad anterior al dos mil doce. Volveremos a manejarnos en la indigencia, esto le ha de suceder tanto a los superiores como a los subalternos. La pobreza no hará discriminación al respecto y todos seremos víctima de ella.-
Es decir que tenemos que volver a recuperar ese mínimo que nos ofrecía ciertas garantías de que a futuro íbamos a lograr un salario digno que lamentablemente hoy no tenemos. Esa es nuestra posición. Un valor punto fijado (equivalente) en cuatro dólares y medio pues eso es lo que estaba ganando un agente recién ingresado sin cargas familiares. Y precisamente ese valor punto dolarizado es el que representa lo que medianamente necesitamos para que la familia de los trabajadores policías – subalternos y superiores - puedan proyectar su porvenir.-
Nadie nos puede negar eso; pues así regulamos nuestra vida institucional. Con normas y reglamentos dictatoriales. Reglamentos que paradójicamente parece ser que veneramos cotidianamente. Mediante esas “leyes” y “reglamentos” hemos legitimado y reproducido la doctrina perversa, arbitraria, violenta y autoritaria que aquellos generan. Contradictoriamente si, pues esta subcultura generada a partir de dicha reglamentación y doctrina producida en torno a ella traspira opacidad e irracionalidad, produce y reproduce arbitrariedad, violencia y autoritarismo. Sin embargo, seguimos promoviendo a nuestros efectivos mediante la aplicación de tales criterios. Seguimos trasladando nuestro personal al tenor de esas absurdas directrices, así sancionamos nuestro propio accionar sin investigar jamás los verdaderos problemas de fondo que tenemos. Nunca buscamos las causas de nuestro fracaso, pues esa cultura entiende que los únicos que se pueden equivocar son los subalternos o los considerados “civiles”.-
Esa doctrina presume que la crítica siempre es destructiva, se convierte en una infranqueable coraza que impide solucionar los viejos y nuevos problemas que conspiran contra la producción de un servicio eficiente y eficaz. Efectivamente constituye una paradoja que precisamente sea la policía, y los policías los que terminen produciendo más cantidad de hechos violatorios de los derechos humanos que los que deberían evitar.-
Resulta inadmisible que dentro de la institución policial exista acoso sexual, que se produzcan hechos de acoso laboral, que no se reconozcan y articulen las más elementales normas de seguridad laboral. Inadmisible es que nuestro sistema de formación incremente el riesgo de vida de los futuros policías, y que el mismo sistema tendiente a la actualización permanente de la función policial pueda producir desenlaces como lo que sucedió con Ceballos. Quien dejara de existir resultando víctima de asfixia mecánica mientras participaba en un curso de salvamento y rescate. Resulta inadmisible que nadie indagara respecto a la ausencia total de planificación cuando la improvisación y falta de recursos más aberrante fuera la principal protagonista en la muerte de Sayago. Nadie podrá negar que tales decesos eran inevitables y que no hemos hecho absolutamente nada para evitar semejantes sucesos en el futuro.-
Miles de hombres y mujeres acosados, ninguneados, humillados, denostados y sometidos a prácticas vejatorias engrosan cotidianamente la pirámide de víctimas de este irracional pero sistemático aparato de privación masiva de derechos humanos policiales y nadie hace nada por evitarlo.-
¿Cuántas mujeres acosadas sexualmente más necesitamos para tomar cartas en el asunto? ¿Cuántos trabajadores policiales acosados laboralmente se requieren, o cual es el número exacto de efectivos relegados en sus ascensos o qué porcentaje de adictos a las drogas, al alcohol, al juego se necesitan para que se haga algo para poder evitar funestas consecuencias? Entendemos que desde el nacimiento de esta Institución nos viene sucediendo esto. Hemos generado, y actualmente mantenemos, un entorno totalmente irracional y violento que produce puertas afuera, como no podría ser de otra manera, los mismos que genera en su interior.-
De ahí, que consideremos, que este espacio debe tener como finalidad insoslayable el tratamiento de las condiciones laborales. Pues el salario también es una condición laboral. No se trata de una mera cuestión semántica. Efectivamente tenemos que tratar estos problemas. Dada la relevancia e importancia que estos tienen. Debido a la histórica invisibilización de estas problemáticas hemos tenido que llorar vidas, hemos tenido que lamentar y soportar tanto dolor provocado por la impotencia que genera la injusticia.-
Entendemos que si mantenemos y optimizamos este espacio de debate vamos a lograr efectivamente una institución transparente. En espacios como el que pretendemos vamos a lograr juntar la información pertinente que nos servirá para plantear correctamente el problema; elevando con ello la posibilidad de su solución. Resulta ello una condición “sine qua non” para poder así cumplir lo que la sociedad espera de su policía y de su sistema de seguridad.-
Prestigiosa y reconocida doctrina asume que la seguridad es el derecho a los derechos. Se pretende afirmar con ello que la seguridad no tiene contenido propio; sino que constituye el plafón necesario para la producción de todos los demás derechos garantizados en las Constituciones Nacionales y del Derecho internacional humanitario. No pretendemos dar lecciones sobre “ius filosofía” ni sobre derecho constitucional; menos aún está en nuestras intenciones dar recomendaciones de cuál es el rol de los poderes de un Estado. Solo vamos a sostener que el papel de las fuerzas de seguridad, esto es de las policías, son de vital importancia en el desarrollo de cualquier sociedad. Pues constituye uno de los aspectos insoslayables de cualquier sistema de seguridad. La policía, no representa todo el sistema, tan solo es una parte del mismo, pues se convierte en el órgano de ejecución de las decisiones tomadas por los operadores del sistema judicial y también de los ejecutivos que precisamente son los que deberían conducirlas.-
En un Estado de Derecho se debe encontrar el correcto equilibrio entre la fuerza y el derecho. Una combinación lo más exacta posible de aquellos dos factores. Se trata de complementar el derecho y la fuerza para el logro de la forma más equitativa de distribución de derechos en una sociedad determinada. En esa búsqueda del mas óptimo equilibrio entre el derecho y la fuerza no se puede soslayar jamás que el derecho sin fuerza es impotencia y que la fuerza sin derecho es mera brutalidad. Y lamentablemente, la última parte de esta máxima representa y constituye la mejor definición actual de nuestra institución policial. Nuestra policía actualmente es eso, y lo es desde su creación y puertas adentro, siempre ha sido nada más que eso: “fuerza sin derecho”.-
Consideramos que deberíamos avergonzarnos de lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo con esta institución policial. Entendemos que todos tenemos una cuota de responsabilidad en los desenlaces traumáticos que han ocurrido, todos somos responsables de la artera muerte del compañero CEBALLOS, todos somos, en mayor o menor medida, responsables en la desaparición física nunca esclarecida de nuestro compañero CHOCOBAR, todos somos responsables de una gran mayoría de suicidios ocurridos en las filas policiales, todos somos responsables, en mayor o menor grado, de los acosos sexuales, de las prácticas vejatorias, de las humillaciones y de esta cultura lesiva de la dignidad y la humana condición de una gran mayoría de policías. Somos todos responsables, pues atinado es decir que: son tan culpables de la violación de los derechos humanos todos aquellos que se quedan sentados sin hacer nada por evitar esos daños, que los propios individuos que materialmente los provocan.-
Tenemos que asumir de una buena vez esa cuota de responsabilidad. Tenemos que aprender de una buena vez a capitalizar tanto dolor. No tiene sentido seguir manteniendo este sistemático aparato de privación masiva de derechos humanos contra el personal policial so pretexto de forjarles el carácter o de no incurrir en “desprestigio institucional” al callar lo que deberíamos denunciar por mandato del derecho internacional. Pues de no hacerlo incumplimos los preceptos del mismísimo Código de Conducta para los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley. Que dicho sea de pasos más allá de nuestros reclamos y sugerencias nunca se ha introducido a nuestra reglamentación disciplinaria.-
No se puede decir que tenemos una fuerza armada, cuando el estado no proporciona a todos y a cada uno de los efectivos policiales el armamento reglamentario; cuando no se nos provee de tonfas o bastones y ni siquiera se ha homologado y reglamentado su uso. No podemos disponer de efectivos policiales en el territorio, algunos armados y otros no, y menos aún podríamos armarlos cuando nadie se ha preocupado y/u ocupado de redactar un reglamento del armamento.-
No podemos salir a la calle exigiendo seguridad cuando en nuestra propia dependencia no se cumple los estándares mínimos de higiene y seguridad laboral. No podemos, e inadmisible es, no responder tal como lo dice el derecho ante un accidente laboral de los efectivos policiales. No podemos decir que no tenemos “seguros”, que nos siguen faltando chalecos antibalas, que hemos asumido encargarnos de combatir los siniestros a escala provincial cuando muchas veces no contamos con las auto-bombas en condiciones y con el equipo adecuado para que nuestros bomberos no arriesguen innecesariamente sus vidas.-
No podemos, e inadmisible es, que hayamos asumido la responsabilidad de participar en la ejecución de la pena y a nosotros mismos nos produzca asco las condiciones de esos depósitos de personas que llamamos cárceles. Exigiendo luego a los escasos efectivos de este servicio penitenciarios que continúen arriesgando su integridad física en un entorno miserable y de superlativa conflictividad.-
Lamentablemente no podemos continuar así. No podemos llamar dispositivo de seguridad preventiva, conjurativa o de investigación a prácticas que nunca fueron planificadas, que han sido organizadas en la más aberrante improvisación. Consideramos que debemos asumir de una buena vez, que hacemos todo mal. Debemos asumir que nunca hemos reclutado racionalmente, que la razón nunca fue un criterio a la hora de ascender a nuestros efectivos y menos aún al momento de relegarlos. No nos podemos seguir investigando entre nosotros ante eventuales denuncias de abusos funcionales o supuestas violaciones de un Régimen disciplinario que no toma en cuenta a la hora de valorar la gravedad de la falta, el eventual daño que se le irroga a la sociedad, sino que solo se preocupa, exclusivamente, por mantener indemne la cadena de mando. Quien acusa no puede seguir sancionando, se requieren investigaciones imparciales, en consecuencia, no podemos seguir privando a nuestros policías del derecho al debido proceso. De continuar en dicha senda, seguiremos permitiendo que hombres como Berti Cárdenas lleguen a la más alta jerarquía de nuestra institución mientras que seguiremos expulsando y desincentivando a nuestros mejores funcionarios. Debemos aprender a investigar los hechos por encima de las personas. Pues en definitiva terminamos haciendo exactamente lo mismo con la sociedad, y al hacerlo frustramos la posibilidad de que estos puedan acceder a sus derechos humanos.-
Para asumir todo esto, deberíamos y debemos, crear un diagnóstico de inmediato. Un diagnóstico que nos permita hoy mensurar todo este cúmulo de miserias, debemos publicarlo para que toda la sociedad lo conozca. Eso nos trasparentaría y se convertiría en el mejor baremo de referencia y de control para que definitivamente seamos lo que siempre hemos debido ser: “… funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley que lo hacen cumpliendo la ley…”. Nosotros les aseguramos que eso no nos va a desprestigiar. Pues no se desprestigia lo que total y absolutamente ha perdido prestigio. Pensar en tal sentido implica creer que se puede desnudar a quien está desnudo. La única manera de obtener prestigio es la construcción del mismo conforme a lo valores constitucionales. Tenemos que inculcar por medios lícitos en cada una y en cada uno de nuestras mujeres y hombres que son ellos verdaderos garantes de la Constitución Nacional y Provincial; que deben convertirse y estar orgullosos de ser los guardianes de los derechos humanos de todos los santacruceños.-
Un policía no debe ser formado en los tormentos y en las humillaciones, sino educado conforme a los principios axiológicos de la Constitución Nacional, en los indiscutibles axiomas del Estado de Derecho y del derecho internacional humanitario. Un policía o un trabajador policial debe ser un profesional en la defensa de los derechos de los ciudadanos con quienes coexiste en una jurisdicción determinada. El trabajador policial es un trabajador calificado, debe convertirse en un ciudadano igual a cualquiera, con la diferencia en que la sociedad ha depositado en su persona la facultad de usar la fuerza, como última ratio, emplear la violencia autorizada cuando sea justo y en la medida de lo necesario; en aras de asegurar la coexistencia pacífica en libertad de toda la población santacruceña. Usar la violencia en las ocasiones que el derecho lo ha establecido; precisamente para garantizar los derechos constitucionalmente consagrados, el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, ¿y también porque no? A resistir la opresión.-
Efectivamente, este policía debe ser bien pago. Consideramos que después de tantos años, recién en el año dos mil doce, y debido a la acción de miles de policías que buscaban dignidad, comenzamos a construir un estatus que no estamos dispuestos a perder. Que no sería justo que volvamos a los viejos estadios de miseria que siempre han caracterizado la labor policial.-
No sería para nada justo que retrocediésemos, volviendo a percibir salarios miserables que no nos permitían satisfacer las más mínimas necesidades. Ciertas familias policiales, tan solo recientemente y después de las movilizaciones del dos mil doce lograron irse por primera vez de vacaciones, comprar un automóvil, adquirir terrenos, construir y/o refaccionar sus viviendas, financiar el estudio de sus hijos, etc. Y otras tantas se aproximaron por primera vez en sus vidas a llegar a fin de mes. Ya no tenemos pedidos de renuncias y bajas masivas, al tiempo que existen miles de jóvenes con intenciones de ser policías. Esto ocurre por primera vez en nuestra historia. Hemos observado, y la realidad lo demuestra, que el personal superior se puede vestir hoy adecuadamente y han abandonado definitivamente su harapiento vestuario.-
Nosotros habíamos logrado recomponer el salario policial y nuestros agentes percibían mensualmente y por ocho horas de trabajo diario la suma aproximada de dos mil dólares. Decimos dólares pues ese es el baremo de referencia de todo mercado en nuestro país, el inmobiliario se maneja en dólares, lo propio hace el mercado automotriz y también los alimentos se alteran cuando esta moneda aumenta o disminuye. Lamentablemente todas nuestras necesidades se mensuran y actualizan con dicha moneda. Y eso nadie lo puede refutar.-
Hoy, tras la liberación del mal llamado “cepo cambiario” nuestros agentes ya no perciben dos mil dólares. En consecuencia, ostensiblemente esa suma ha disminuido y con ello también nuestras posibilidades de costear la canasta básica. Es decir, que trascurridos pocos meses volveremos a la realidad anterior al dos mil doce. Volveremos a manejarnos en la indigencia, esto le ha de suceder tanto a los superiores como a los subalternos. La pobreza no hará discriminación al respecto y todos seremos víctima de ella.-
Es decir que tenemos que volver a recuperar ese mínimo que nos ofrecía ciertas garantías de que a futuro íbamos a lograr un salario digno que lamentablemente hoy no tenemos. Esa es nuestra posición. Un valor punto fijado (equivalente) en cuatro dólares y medio pues eso es lo que estaba ganando un agente recién ingresado sin cargas familiares. Y precisamente ese valor punto dolarizado es el que representa lo que medianamente necesitamos para que la familia de los trabajadores policías – subalternos y superiores - puedan proyectar su porvenir.-
Podrá resultar exagerado, pero exagerados son los precios en los supermercados, más descabellados son los alquileres y las cuotas de los establecimientos educativos privados para nuestros hijos. Privados si, decimos privados, porque la crisis ha provocado la huelga recurrente de los sistemas educativos públicos si todo sigue igual dicho estado de cosas se agravará. También debemos recurrir para satisfacer nuestras necesidades de salud al sistema privado, ante las falencias del sistema público, y los precios de tales servicios también son descabellados. Tenemos que comprar nuestros propios uniformes y también son descabellados y exagerados esos costos. Máxime en estos momentos en que se nos ha dejado de pagar la cuota mensual de uniforme, derecho que habíamos obtenido y que inexplicablemente ya no tenemos. El combustible también ostenta precios descabellados que se han ajustado al dólar del mismo modo que los otros bienes señalados.-
Es decir que no nos pueden venir a decir que es exagerado. No podemos aceptar otra cifra para estas paritarias. No podemos, porque nuestras bases a esta altura ya están agotadas, están cansadas de tanta injusticia. Altamente extenuadas y llenas de impotencia del mismo modo en que estimamos está toda la sociedad. Estamos cansados de falta de trasparencia, extenuados de tanta impunidad, de tanta promesa incumplida que ya no estamos dispuestos a cumplir ningún sacrificio extra. Pues si nosotros aceptamos un diez o un veinte por ciento en estas reuniones vamos a traicionar la confianza de nuestros compañeros y de la sociedad toda; que ya no tiene más que sacrificar. Pues de aceptarlos estamos sacrificando la esperanza en un porvenir mejor para nuestras familias.-
Ya no podemos seguir sacrificando más, pues lo hemos dejado todo. Nuestros abuelos y abuelas, nuestras madres y padres, toda nuestra ascendencia han confiado en distintos gobiernos que siempre nos vienen a prometer cosas que nunca cumplen. Con anterioridad, nosotros no podíamos ni siquiera hablar de ello, no podíamos reclamar ni quejarnos. Pero afortunadamente, creemos que en eso hemos mejorado. Al menos, estamos haciendo esta catarsis. Lo vamos a hacer por última vez, esperamos que nos ajusten los salarios al valor dólar. Esperamos que lo hagan con todos los sectores de la administración pública. De no hacerlo incrementaremos la conflictividad y las tasas objetivas de desorden y criminalidad se han de disparar. Pues la desigualdad y la miseria son uno de los principales factores de la producción de la criminalidad.-
En suma; solicitamos que de una buena vez por todas comencemos a buscar la justicia. La justicia para todos nuestros efectivos. Justicia al momento de reclutar, al momento de capacitar y educar a los futuros policías. Justicia a la hora de pagar nuestros salarios, que por cierto merecemos pues nuestra actividad, más allá de cualquier crítica, incluye el riesgo cierto de perder la vida.-
Exigimos y solicitamos Justicia para que nos den los medios y definan los objetivos trascendentales de esta institución. Necesitamos Justicia cuando planifiquen nuestra labor, y cuando investiguen las eventuales faltas que se nos imputen, justicia cuando apliquen sanciones. Justicia necesitamos cuando nos califiquen, nos trasladen o nos asciendan o deje de ascender. Pues de la única manera que se debe brindar el servicio de seguridad para la ciudadanía es a través de actos de gobierno justos.-
No existen pueblos ni instituciones subdesarrolladas; son los gobiernos los que determinan esos caracteres. No hay malos pueblos y/o malas instituciones, sino que los malos o buenos son los gobiernos que los conducen. Nosotros los policías solo venimos a pedir que se mantenga y optimice este espacio para el debate. Nosotros los policías santacruceños no somos golpistas, y lejos estamos de profesar una ideología autoritaria y dictatorial. Por ello pedimos racionalidad, solicitamos se articulen los mecanismos necesarios para eliminar el modo en que venimos regulando la actividad policial a través de la reforma de las bases normativas, doctrinarias, orgánicas y funcionales. Demandamos coherencia, formación adecuada al derecho internacional humanitario. Solicitamos medios para el logro de nuestros fines. Nosotros los policías santacruceños estamos exigiendo nuevamente dignidad.-
Esta exigencia la hacemos en el marco de un estadio de alta conflictividad motivada por años errores gubernamentales que la propia Gobernadora ha admitido en el discurso inaugural de las sesiones del parlamento de nuestra provincia, y que nos ha colocado en un estadio de crisis inadmisible. Exigimos dignidad del mismo modo que lo está exigiendo o lo van a exigir todos los sectores de la administración pública provincial y estimamos que si todo sigue este crítico derrotero todo santacruceño va a terminar demandando lo mismo. Una dignidad que este pueblo se merece.-
No estamos dispuestos a hacer mayores esfuerzos, pues la historia demuestra cómo nos va cuando el peso del esfuerzo recae pura y exclusivamente en el sector de los trabajadores. Nosotros somos trabajadores igual que cualquiera, somos tan especiales como los docentes, como los enfermeros, como los médicos, como cualquier funcionario y/o empleado público. No pretendemos ser más ni menos. Vamos a convertirnos en ejemplos universales de policía siempre y cuando nos den los medios para ello. Y efectivamente, de llegar a eso, podremos con ferviente animo decir que nada de eso es magia.-
De ahí que lo que estamos pidiendo nosotros no resulta descabellado, irresponsable y menos aún imposible. Sin embargo, lo que el gobierno hoy está demandando de nosotros, definitivamente constituye una misión imposible. Pues de improbable cumplimiento es dar seguridad pública sin medios, sin armamento, sin seguridad laboral, sin móviles, ni planificación. Resulta imposible que cotidianamente debamos seguir soportando abusos que han llevado a que se pierdan vidas de compañeros y que se produzcan altas cuotas de dolor en ellos y en sus familias. Es imposible e improbable que podamos darle a la sociedad santacruceña la mínima posibilidad de acceder al derecho a los derechos si recurrentemente a nosotros, a los supuestos garantes de los derechos humanos de la sociedad se nos pisotea en nuestras propias dependencias los más básicos y elementales derechos humanos. Esto es; el derecho a la justicia, a la igualdad, a la libertad y a poder revelarnos ante la opresión y la arbitrariedad.-
Es decir que no nos pueden venir a decir que es exagerado. No podemos aceptar otra cifra para estas paritarias. No podemos, porque nuestras bases a esta altura ya están agotadas, están cansadas de tanta injusticia. Altamente extenuadas y llenas de impotencia del mismo modo en que estimamos está toda la sociedad. Estamos cansados de falta de trasparencia, extenuados de tanta impunidad, de tanta promesa incumplida que ya no estamos dispuestos a cumplir ningún sacrificio extra. Pues si nosotros aceptamos un diez o un veinte por ciento en estas reuniones vamos a traicionar la confianza de nuestros compañeros y de la sociedad toda; que ya no tiene más que sacrificar. Pues de aceptarlos estamos sacrificando la esperanza en un porvenir mejor para nuestras familias.-
Ya no podemos seguir sacrificando más, pues lo hemos dejado todo. Nuestros abuelos y abuelas, nuestras madres y padres, toda nuestra ascendencia han confiado en distintos gobiernos que siempre nos vienen a prometer cosas que nunca cumplen. Con anterioridad, nosotros no podíamos ni siquiera hablar de ello, no podíamos reclamar ni quejarnos. Pero afortunadamente, creemos que en eso hemos mejorado. Al menos, estamos haciendo esta catarsis. Lo vamos a hacer por última vez, esperamos que nos ajusten los salarios al valor dólar. Esperamos que lo hagan con todos los sectores de la administración pública. De no hacerlo incrementaremos la conflictividad y las tasas objetivas de desorden y criminalidad se han de disparar. Pues la desigualdad y la miseria son uno de los principales factores de la producción de la criminalidad.-
En suma; solicitamos que de una buena vez por todas comencemos a buscar la justicia. La justicia para todos nuestros efectivos. Justicia al momento de reclutar, al momento de capacitar y educar a los futuros policías. Justicia a la hora de pagar nuestros salarios, que por cierto merecemos pues nuestra actividad, más allá de cualquier crítica, incluye el riesgo cierto de perder la vida.-
Exigimos y solicitamos Justicia para que nos den los medios y definan los objetivos trascendentales de esta institución. Necesitamos Justicia cuando planifiquen nuestra labor, y cuando investiguen las eventuales faltas que se nos imputen, justicia cuando apliquen sanciones. Justicia necesitamos cuando nos califiquen, nos trasladen o nos asciendan o deje de ascender. Pues de la única manera que se debe brindar el servicio de seguridad para la ciudadanía es a través de actos de gobierno justos.-
No existen pueblos ni instituciones subdesarrolladas; son los gobiernos los que determinan esos caracteres. No hay malos pueblos y/o malas instituciones, sino que los malos o buenos son los gobiernos que los conducen. Nosotros los policías solo venimos a pedir que se mantenga y optimice este espacio para el debate. Nosotros los policías santacruceños no somos golpistas, y lejos estamos de profesar una ideología autoritaria y dictatorial. Por ello pedimos racionalidad, solicitamos se articulen los mecanismos necesarios para eliminar el modo en que venimos regulando la actividad policial a través de la reforma de las bases normativas, doctrinarias, orgánicas y funcionales. Demandamos coherencia, formación adecuada al derecho internacional humanitario. Solicitamos medios para el logro de nuestros fines. Nosotros los policías santacruceños estamos exigiendo nuevamente dignidad.-
Esta exigencia la hacemos en el marco de un estadio de alta conflictividad motivada por años errores gubernamentales que la propia Gobernadora ha admitido en el discurso inaugural de las sesiones del parlamento de nuestra provincia, y que nos ha colocado en un estadio de crisis inadmisible. Exigimos dignidad del mismo modo que lo está exigiendo o lo van a exigir todos los sectores de la administración pública provincial y estimamos que si todo sigue este crítico derrotero todo santacruceño va a terminar demandando lo mismo. Una dignidad que este pueblo se merece.-
No estamos dispuestos a hacer mayores esfuerzos, pues la historia demuestra cómo nos va cuando el peso del esfuerzo recae pura y exclusivamente en el sector de los trabajadores. Nosotros somos trabajadores igual que cualquiera, somos tan especiales como los docentes, como los enfermeros, como los médicos, como cualquier funcionario y/o empleado público. No pretendemos ser más ni menos. Vamos a convertirnos en ejemplos universales de policía siempre y cuando nos den los medios para ello. Y efectivamente, de llegar a eso, podremos con ferviente animo decir que nada de eso es magia.-
De ahí que lo que estamos pidiendo nosotros no resulta descabellado, irresponsable y menos aún imposible. Sin embargo, lo que el gobierno hoy está demandando de nosotros, definitivamente constituye una misión imposible. Pues de improbable cumplimiento es dar seguridad pública sin medios, sin armamento, sin seguridad laboral, sin móviles, ni planificación. Resulta imposible que cotidianamente debamos seguir soportando abusos que han llevado a que se pierdan vidas de compañeros y que se produzcan altas cuotas de dolor en ellos y en sus familias. Es imposible e improbable que podamos darle a la sociedad santacruceña la mínima posibilidad de acceder al derecho a los derechos si recurrentemente a nosotros, a los supuestos garantes de los derechos humanos de la sociedad se nos pisotea en nuestras propias dependencias los más básicos y elementales derechos humanos. Esto es; el derecho a la justicia, a la igualdad, a la libertad y a poder revelarnos ante la opresión y la arbitrariedad.-
En virtud de ello solicitamos:
1) Que el presente manifiesto se incorpore a las actas de las presentes paritarias.
2) Que se tomen las medidas necesarias para denominar a este espacio como “Consejo de las condiciones laborales para los trabajadores policiales de la provincia santacruceña”.
3) Que se articulen los medios al alcance del ejecutivo provincial para reformar la “Policía” de la Provincia de Santa Cruz conforme a los estándares establecidos por la Constitución Nacional, Provincial y el Derecho Internacional Humanitario. Eliminando todo vestigio de “leyes” y “reglamentos” de etiología dictatorial.
4) Que se le proporcione a la totalidad de efectivos armamento reglamentario y no letal. Reglamentándose de inmediato su uso.
5) Que el Estado santacruceño garantice a todos sus policías las condiciones mínimas de higiene y seguridad laboral mediante la provisión universal de chalecos antibalas, equipamiento antidisturbios, equipamiento imprescindible para los policías que participan del sistema antisiniestro (bomberos). Equipamiento de protección para el servicio penitenciario. Refacción integral de todas las dependencias policiales.
6) En concordancia con el ítem anterior solicitamos equipamiento adecuado y actualizado para los dispositivos de prevención, conjuración e investigación. Es decir, móviles, equipos informáticos, armamento letal y no letal específico para cada una de las áreas. Se requieren móviles y combustible para todas las dependencias en la medida razonable. Se exige la provisión de equipos de comunicaciones.
7) Se cumpla con las provisiones anuales de uniformes, que se contemple la provisión de un uniforme de gala para ambos cuadros o que en su defecto se incremente y efectivice la cuota de equipamiento que se nos abonaba hasta el año pasado.
8) Se garantice a todas nuestras compañeras el cumplimiento de la ley 26845; “DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS ÁMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES”.
9) Se incorpore a nuestros reglamentos las recomendaciones del Código de Ética Profesional establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, tal como lo establece el Artículo 22 de la Ley 24059.
10) Se dé cumplimiento a la creación de un dispositivo de control tripartito acordado en Acta Acuerdo del año dos mil trece (Asuntos internos, Tribunal disciplinario y Defensoría Policial) a los fines de establecer una verdadera disciplina en nuestra institución, bregar por la disminución de abusos funcionales y la corrupción policial al tiempo que garantice los estándares mínimos de eficacia y eficiencia en la función policial.
11) Solicitamos se le envié copia del presente a nuestra Señora Gobernadora Provincial a los fines de que acceda al conocimiento del estado actual de nuestra fuerza. Que lo propio se haga con el parlamento a los fines de que estos comiencen a reflexionar respecto a la necesidad de contar con una Ley de Seguridad pública, ciudadana o humana para nuestra provincia. A los fines de aggiornar el sistema de seguridad en general y el dispositivo policial en especial a los estándares que bajo ningún punto de vista un Estado de Derecho puede soslayar.
12) Solicitamos la anuencia del Sr. Ministro de Gobierno para poner en conocimiento de toda la comunidad santacruceña del estado actual de la institución policial y del policializado sistema securitario provincial. A fin de que esta sepa y tome los recaudos del caso, dado que en estas condiciones no cuenta con un servicio de seguridad que le permita acceder a los derechos y garantías que en la materia establecen las Constitución Nacional, Provincial y el Derecho Internacional Humanitario. En la inteligencia que obtendremos con ello la participación de toda la sociedad para salir de esta crisis que al momento deviene irreversible. Permitirá también ello el apoyo y la concientización de los municipios para colaborar en una solución a esta problemática que afecta a toda la comunidad santacruceña.
13) En relación al ítem anterior, ante el eventual hecho de no conseguir una respuesta que definitivamente de solución al cúmulo de debilidades institucionales escuetamente descriptas. Solicitamos se solicite la correspondiente ayuda a las autoridades nacionales, dado que no podemos seguir arriesgando innecesariamente a nuestros camaradas que por ley se ven obligados a gestionar la conflictividad violenta sin las más mínimas condiciones de seguridad y prácticamente sin medios.
14) En último término, solicitamos que el piso del eventual incremento salarial se ajuste al pedido de continuar percibiendo lo mismo que en dólares cobrábamos durante la última mejora salarial obtenida. Entendiendo que no existe otra opción para nuestro sector, pues acceder a una oferta menor implicaría lisa y llanamente que vamos a cobrar menos de lo que veníamos percibiendo; irrogando con ello un daño irreparable a nuestras familias e imposibilitando las posibilidades de proyectar nuestro porvenir.
2) Que se tomen las medidas necesarias para denominar a este espacio como “Consejo de las condiciones laborales para los trabajadores policiales de la provincia santacruceña”.
3) Que se articulen los medios al alcance del ejecutivo provincial para reformar la “Policía” de la Provincia de Santa Cruz conforme a los estándares establecidos por la Constitución Nacional, Provincial y el Derecho Internacional Humanitario. Eliminando todo vestigio de “leyes” y “reglamentos” de etiología dictatorial.
4) Que se le proporcione a la totalidad de efectivos armamento reglamentario y no letal. Reglamentándose de inmediato su uso.
5) Que el Estado santacruceño garantice a todos sus policías las condiciones mínimas de higiene y seguridad laboral mediante la provisión universal de chalecos antibalas, equipamiento antidisturbios, equipamiento imprescindible para los policías que participan del sistema antisiniestro (bomberos). Equipamiento de protección para el servicio penitenciario. Refacción integral de todas las dependencias policiales.
6) En concordancia con el ítem anterior solicitamos equipamiento adecuado y actualizado para los dispositivos de prevención, conjuración e investigación. Es decir, móviles, equipos informáticos, armamento letal y no letal específico para cada una de las áreas. Se requieren móviles y combustible para todas las dependencias en la medida razonable. Se exige la provisión de equipos de comunicaciones.
7) Se cumpla con las provisiones anuales de uniformes, que se contemple la provisión de un uniforme de gala para ambos cuadros o que en su defecto se incremente y efectivice la cuota de equipamiento que se nos abonaba hasta el año pasado.
8) Se garantice a todas nuestras compañeras el cumplimiento de la ley 26845; “DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS ÁMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES”.
9) Se incorpore a nuestros reglamentos las recomendaciones del Código de Ética Profesional establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, tal como lo establece el Artículo 22 de la Ley 24059.
10) Se dé cumplimiento a la creación de un dispositivo de control tripartito acordado en Acta Acuerdo del año dos mil trece (Asuntos internos, Tribunal disciplinario y Defensoría Policial) a los fines de establecer una verdadera disciplina en nuestra institución, bregar por la disminución de abusos funcionales y la corrupción policial al tiempo que garantice los estándares mínimos de eficacia y eficiencia en la función policial.
11) Solicitamos se le envié copia del presente a nuestra Señora Gobernadora Provincial a los fines de que acceda al conocimiento del estado actual de nuestra fuerza. Que lo propio se haga con el parlamento a los fines de que estos comiencen a reflexionar respecto a la necesidad de contar con una Ley de Seguridad pública, ciudadana o humana para nuestra provincia. A los fines de aggiornar el sistema de seguridad en general y el dispositivo policial en especial a los estándares que bajo ningún punto de vista un Estado de Derecho puede soslayar.
12) Solicitamos la anuencia del Sr. Ministro de Gobierno para poner en conocimiento de toda la comunidad santacruceña del estado actual de la institución policial y del policializado sistema securitario provincial. A fin de que esta sepa y tome los recaudos del caso, dado que en estas condiciones no cuenta con un servicio de seguridad que le permita acceder a los derechos y garantías que en la materia establecen las Constitución Nacional, Provincial y el Derecho Internacional Humanitario. En la inteligencia que obtendremos con ello la participación de toda la sociedad para salir de esta crisis que al momento deviene irreversible. Permitirá también ello el apoyo y la concientización de los municipios para colaborar en una solución a esta problemática que afecta a toda la comunidad santacruceña.
13) En relación al ítem anterior, ante el eventual hecho de no conseguir una respuesta que definitivamente de solución al cúmulo de debilidades institucionales escuetamente descriptas. Solicitamos se solicite la correspondiente ayuda a las autoridades nacionales, dado que no podemos seguir arriesgando innecesariamente a nuestros camaradas que por ley se ven obligados a gestionar la conflictividad violenta sin las más mínimas condiciones de seguridad y prácticamente sin medios.
14) En último término, solicitamos que el piso del eventual incremento salarial se ajuste al pedido de continuar percibiendo lo mismo que en dólares cobrábamos durante la última mejora salarial obtenida. Entendiendo que no existe otra opción para nuestro sector, pues acceder a una oferta menor implicaría lisa y llanamente que vamos a cobrar menos de lo que veníamos percibiendo; irrogando con ello un daño irreparable a nuestras familias e imposibilitando las posibilidades de proyectar nuestro porvenir.
Nuevamente y tal como lo expresamos en el año dos mil doce; exigimos “dignidad”; pues bajo ningún punto de vista estaremos dispuestos a negociar lo inalienable.-
Río Gallegos: 9 de mayo de 2016.-
