“Ave, Caesar, morituri te salutant”
Los que vamos a morir te saludan. Suetonio
Nos los más olvidados de un histórico olvido general, los más desfavorecidos de este sistema de privilegios, los que asumimos todo el riesgo, los que trabajamos en los lugares más distantes de esta provincia que agoniza, que siempre recibimos menos que los demás por encontrarnos lejos de los lugares donde se toman las decisiones. No somos más que eso un grupo de policías desarmados, comandados generalmente en nuestros destinos por jefes que no querían ser traslados a nuestras dependencias, con oficiales que por lo general han llegado castigados, o que carecen de contactos o que no son familiares de antiguos o actuales jefes.-Nosotros, que habitamos las dependencias menos equipadas, las más deterioradas y desoladas, una masa “disponible” que representa el dolor de pocos policías en contacto directo con el peligro y la constante arbitrariedad asistidos por escasos Suboficiales que arriesgando sus estatus privilegiado se han conmovido ante nuestro dolor.-Seguramente cada uno de los 6.000 policías que integran esta fuerza no puede refutar lo justo de este reclamo; pero muchos callan por temor, otros por resignación y otros tanto por cansancio de ausencia de resultados. No obstante, nosotros, esta heterogénea masa “disponible” de idealistas le decimos que:
El sistema de Seguridad Público santacruceño aglutina una cantidad de 6.000 efectivos aproximadamente. Si bien la legislación establece que nuestra Institución realice dos funciones básicas de neto corte policial, clasificadas en funciones de Policía de Seguridad (prevención y conjuración de crímenes y faltas) y de la denominada Policía Judicial, caracterizada por actuar como auxiliar de justicia; también se endilga a esta misma fuerza la prestación de los servicios Penitenciarios y de Bomberos.-
Ello nos convierte en un modelo policial todo terreno; pues no se ha capacitado a la totalidad de sus miembros en cada una de las funciones específicas; sino que históricamente ha sido normal que todos deban hacerlo todo y no especializarse en ninguna de las distintas profesiones en especial.-
De todos modos, la mayor parte de estos trabajos prestados por la institución policial santacruceña se desarrolla principalmente en las Comisarías, los Cuarteles y dependencias denominadas Alcaidías. Las Comisarías tienen a su cargo la prevención, conjuración e investigación de crímenes y faltas; a través de los Cuarteles de Bomberos se enfrentan los distintos siniestros en tanto que desde las Alcaidías, pero también en algunas Comisarías, se presta el Servicio Penitenciario Provincial.-
La totalidad de las funciones citadas constituyen profesiones de alto riesgo. Y generan situaciones de deber especial que conmina a estos funcionarios a asumir una alta carga de peligro propia de su actividad. Si bien, tal como se ha dicho, son 6.000 los efectivos que integran la dotación del personal policial; no obstante, no todos se encuentran abocados a prestar servicios en Comisarías, Cuarteles y Alcaidías. Es decir que si bien el salario es idéntico en igual jerarquía y antigüedad no todos asumen funciones de riesgo.-
Ni siquiera la totalidad de personal que presta servicios en las unidades citadas se encuentran en contacto cierto con el peligro propio de estas profesiones. Pues, por lo general son los "disponibles" quienes tienen contacto directo con la conflictividad social, la generada por los prisionalizados o aquella que surge de contrarrestar los efectos de los distintos siniestros.-
Esta masa de personal que asume un contacto cierto, aquellos que se encuentran en situación de deber especial que los obliga a asumir una alta cuota de peligro constituyen un reducido grupo en la policía provincial. En Río Gallegos, por ejemplo, el grupo de “disponibles” destinado a cumplir tareas de prevención, conjuración y de investigación no superan la cantidad de 300 tomando en cuenta el aporte del Comando Radioeléctrico que colabora como unidad de acción rápida. Esa masa de efectivos policiales ostenta las jerarquías más bajas del cuadro subalterno, en tanto que la investigación de la criminalidad y de las faltas también es llevada a cabo por las capas inferiores del cuadro superior.-
Esos 300 efectivos no se encuentran en tiempo real, pues el servicio prestado se distribuye en fracciones de tiempo debido al hecho de que debe prestarse en forma permanente (las 24 horas) de ahí que ese guarismo debe ser dividido en cuatro -dado que se trata de equipos que trabajan una jornada de ocho horas. En dicha inteligencia se puede afirmar que la ciudad de Río Gallegos articula un sistema de prevención y conjuración con 70 u 80 efectivos en el mejor de los casos, sin tomar en cuenta las licencias ordinarias y extraordinarias por ejemplo.-
Si se deducen las consignas judiciales que son sumamente variables, y que se encuentran en claro incremento a escala provincial debido al aumento de la violencia intra-familiar, la cantidad de efectivos policiales con que cuenta el sistema en tiempo real se reduce ostensiblemente. En las localidades más grandes las comisarías cuentan con apoyo de unidades especiales (infantería, unidades de acción rápida y otros grupos) para la gestión de la conflictividad, no obstante, estos grupos del mismo modo en que ocurre con todas las dependencias presentan un estado de degradación total en sus condiciones materiales y simbólicas, y su número también deviene reducido en comparación al aparato administrativo.-
La situación de Río Gallegos se reproduce en similares caracteres en todo el ámbito provincial. La cantidad de “disponible” y Oficiales de Servicio abocados al sistema preventivo, conjurativo y de investigación del delito -una vez que este se cometió- no supera la cantidad de 1.400 efectivos en todo el ámbito provincial y para la totalidad de funciones de riesgo que esta policía debe asumir.-
Un somero análisis de los datos obtenidos pone en evidencia que las funciones estrictamente policiales, es decir la prevención, la conjuración -incluida la investigación de crímenes y faltas- se realiza con menos de 1.500 funcionarios; que en su mayoría se encuentran totalmente desarmados.-
En la Provincia de Santa Cruz la institución policial no cuenta con más de 2.000 armas. Es decir que por cada seis policías solo dos han sido provistos con armamento letal. Desafortunadamente en tal distribución no se priorizó a los funcionarios que efectivamente se encuentran en contacto directo con el riesgo introducido por los hechos criminales y o las faltas; pues la gran mayoría de los denominados "disponibles" -se reitera- se encuentran totalmente desarmados.-
La gran mayoría de los “disponibles”, se encuentran desprovistos de armamento letal, dado que las armas se han concentrado en aquellos que ejercen funciones de mando estratégico, orgánico, funcional y especialmente en el personal administrativo. Destacando a su vez que el personal retirado también debe concentrar una gran cantidad de armas “reglamentarias”.-
Quienes sustancian sumarios penales y contravencionales, diligencian oficios judiciales, se hacen cargo del mando táctico operativo del sistema preventivo y conjurativo en las comisarías, no son otros que los oficiales modernos que -condenados a realizar maratónicas jornadas laborales- deben soportar todas las cuotas de peligro junto a los desarmados y desprotegidos “disponibles”, cotidianamente por idéntica paga que los demás.-
La mayor parte del trabajo policial de peligro es asumida casi, en su totalidad, sin dejar de considerar el valioso apoyo de los grupos especiales indicados en los lugares en que estos existen, por la masa de funcionarios más moderno y -por ello- menos experimentado de la institución policial. No obstante, tan solo a ellos se les viene exigiendo idoneidad psicológica, pues para acceder a los más altos cargos de la Institución policial no se requiere acreditar idoneidad psicofísica.-
La situación del minúsculo sector de “disponible” y modernos oficiales se agrava ante el hecho de que no han existido provisiones de armamento no letal, tampoco existen suficientes elementos de protección tales como chalecos anti-balísticos, cascos, escudos, etc. Los escasos equipos de comunicaciones nunca son suficientes y en la gran mayoría de los casos los “disponibles”, esos que por una situación de deber especial propia de la actividad de peligro que desarrollan, deben salir a las calles totalmente desprotegidos. Sin armamento letal y no letal, sin chalecos anti-balísticos ni protección de naturaleza alguna, pero con la certeza de que, si resultan víctimas de accidentes, lesiones o si llegaren a perder la vida en un procedimiento -tal como ha ocurrido- ellos o sus deudos tendrán que derribar serios obstáculos para obtener una indemnización que nunca reparará el daño y el dolor sufrido.-
La situación del dispositivo de bomberos también es alcanzada por el altísimo grado de indigencia y precariedad; este –también- minúsculo sector de funcionarios desarrolla sus profesiones de altísimo peligro prácticamente sin medios. Esta realidad denunciada desde el año 2012, y que toma dominio público prácticamente en cada riesgosa intervención, es la que cotidianamente viven tan solo el 10% del total de la fuerza. Si bien cabe destacar que no todos los bomberos, tal como ocurre en el caso del total policial, entran en contacto directo con el peligro pues prácticamente un 50% de estos no hacen las veces de “disponibles” en todo el ámbito provincial.-
El grupo de funcionarios abocados a servicios penitenciarios tampoco representa un grupo mayor. Pues incluyendo a los destinados por el sistema para el ejercicio de estas funciones no superan la cantidad de 300 a escala provincial. Y efectivamente, y tal como ocurre en el resto de las hipótesis planteadas hasta el momento, tampoco en su totalidad ingresan en contacto directo con las personas prisionalizada, tal vez, solo un 50% de estos lo hagan cotidianamente. Las degradantes condiciones edilicias en que estos desarrollan sus funciones, la falta de capacitación específica, la ausencia total de medios, móviles y demás equipamiento propio de la actividad provoca que en la práctica la manda constitucional de cárceles sanas y limpias en nuestra provincia se convierta en una utopía inalcanzable.-
Desde el año 2012 que se vienen denunciando este estado de indigencia institucional. El desgobierno político de la seguridad pública, la policialización del sistema securitario como resultado de la autonomización del dispositivo policial.- (ver primer petitorio)
Se ha denunciado, citando autorizada doctrina, que nuestro sistema de policiamiento deviene totalmente anacrónico y deficiente para afrontar los escenarios de conflictividad propios de los tiempos actuales, atendiendo al incremento de los índices delictivos, la violencia en todas sus manifestaciones y la creciente complejización de la actividad criminal.-
Excede los límites del presente describir los rasgos salientes de los modelos tradicionales como el que actualmente nos oprime y frustra totalmente las posibilidades de que la sociedad pueda acceder al derecho a la seguridad. Una sociedad que -en definitiva- termina siendo la única víctima del férreo mantenimiento de sistemas de policiamiento que no ajustan sus bases normativas, doctrinarias, funcionales y operativas al orden democrático de gobierno.-
De esa manera la Policía de Santa Cruz ha creado más de 900 puestos de mando estratégico, orgánico, funcional y administrativo en su Jefatura y Departamentos. Esa estructura hiper-jerarquizada se reproduce para el desarrollo de todas las funciones policiales. Los dispositivos de prevención, conjuración e investigación generan cargos de coordinación, mantenimiento, limpieza, administración, etc. Y reducen la capacidad operativa en un 50% aproximadamente. Las Unidades Regionales dispuestas en la Provincia hacen lo propio, en tanto que opera un proceso similar en el servicio penitenciario e incluso en las áreas de investigación.-
No nos cabe dudas que esto es el resultado de procesos inconscientes, fundados en antiguas prácticas y viejas tradiciones. Caracterizado por el temor a los cambios y a la perdida potencial de futuros privilegios. Pues este sistema no hace otra que cosa que producir y reproducir dolor, pero permite diferir satisfacciones pues en pocos años, un lustro tal vez, con el recambio producto de los retiros y los masivos ingresos nosotros -los explotados- nos trasformamos en explotadores.-
Estos sistemas que -muchas veces como en estos casos- para salvar o defender la propiedad de otros pone en riesgo la vida de sus jóvenes y modernos funcionarios, ahora totalmente desarmados, sin equipamiento adecuado, ni elementos de seguridad, sin cobertura ante accidentes o riesgo propio de la profesión -siendo que el mismo ordenamiento jurídico positivo no ofrece dudas al afirmar que el valor vida es imponderable, que vale lo mismo la vida de un anciano que la de un niño, que vale lo mismo la vida de un pobre que la de un rico, lo mismo vale la vida de un general que la de un agente. E incluso tiene el mismo valor la vida de un gobernador que la de un gobernado. Establece también el derecho, especialmente el penal, que no quiere héroes. El derecho penal no quiere héroes. Si bien ciertas profesiones, que como la nuestra generan posiciones de garante del derecho de otros, se convierten en status que exigen roles de deberes especiales; una cosa es asumir los peligros propios de una actividad de alto riesgo y otra muy distinta constituye el hecho de que el estado haga o deje de hacer todo lo posible para condenar a estos “disponibles” a una muerte segura.-
Hace cuatro años que venimos denunciando, reclamando y demandando mejoras. Llevamos más de cuatro años elaborando proyectos para que sean debatidos en el Parlamento, venimos denunciando cientos de casos de acoso sexual, laboral, corrupción, suicidios que en gran medida son provocados por el mantenimiento de este perverso aparato de privación masiva de derechos humanos.-
Hemos denunciado y reclamado cambios arriesgando nuestros puestos de trabajo en cada reclamo. Hemos creado incluso espacios de reflexión junto al gobierno anterior y también con estas nuevas autoridades. Pocos hechos para muchas palabras. Continuamos lamentando suicidios de nuestros camaradas, accidentes en intervenciones y lamentablemente aun -ciertos superiores- ordenan a subalternos cortar el césped a cuchillo a las cuatro de la mañana, como si tal espuria orden y anacrónica práctica resulte susceptible de disminuir la criminalidad o incrementar la cantidad de derechos garantizados o bienes jurídicos tutelados.-
Ya no sabemos cómo reclamar, muchos de nosotros se han cansado y no han formado parte de este reclamo. El propio Jefe de Policía ha confesado que hay que cambiar las leyes y reglamentos y no desconoce el estado de indefensión en que se encuentra esa masa “disponible”, minúsculo sector, que cotidianamente debe asumir permanentemente las más altas cuotas de riesgo. El conoce, pues lo ha experimentado a lo largo de toda su carrera, lo injusto que suele ser nuestro irracional y arbitrario régimen militarizado. Sabe el dolor que produce en cada hombre ciertas calificaciones, la arbitrariedad de cada uno de los sumarios que se nos instruyen, el dolor que producen los injustos traslados empleados como herramientas de castigo. El dolor que sienten las capas subalternas de ambos cuadros ante la arbitrariedad del superior y la matriz de odio y violencia que este sistema genera. Este Jefe de Policía acompañó nuestras marchas en el 2012 -desde su injusto retiro- y tiene plena conciencia que el reclamo es totalmente justo y atendible.-
Nuestro actual jefe ha experimentado y ha llegado a conducir este siniestro sistema de formación, ha formado parte de Juntas de Calificaciones y tiene en claro que a los cargos más altos no llega necesariamente el más apto, sino que el sistema definitivamente se convierte en un mero sorteo que solo toma en cuenta la disciplina y la antigüedad, y jamás el mérito y la capacidad.-
El Sr. Ministro y su Secretario de Seguridad saben que hay que adecuar las bases normativas, doctrinarias, orgánicas y funcionales al orden democrático de gobierno. Afortunadamente, ambos al igual que Ud., han introducido a escala nacional interesantes reformas en los diseños policiales, han formado parte de un equipo de gobierno que creó una policía como la PSA, un digno modelo a seguir. La propia Nilda Garré ex Ministra de Seguridad de nuestra Presidenta – mandato cumplido – Cristina Fernandez ha sido una de las primeras en cuestionar la lógica del “estado policial” y el uso permanente del arma reglamentaria. Textualmente ha dicho: “…Estar armados las 24 horas del día, los 365 días del año, genera un nivel de tensión que nadie puede soportar… ”.-
Si bien aún no se encuentra ello en debate, nada costaría, ni siquiera dinero articular un pañol de armas y darle el armamento a quienes en realidad lo necesitan mientras desarrollan sus servicios. Ni siquiera entraría en detrimento de los servicios de policía adicional que requieren empleo de armas de fuego. Todo aquel apto para usarlas podría realizar servicios adicionales independientemente de las funciones que realizan, las jerarquías que ostentan y el azar de haber obtenido o no un arma para uso permanente las 24 horas del día. Nada costaría hacer lo mismo con aquellos chalecos anti-balísticos que se dicen vencidos. Nada costaría reglamentar el uso del arma de fuego, y homologar las tonfas y/o bastones reglamentando su empleo y dando provisiones de las mismas. Tampoco resulta muy oneroso introducir prácticas obligatorias de tiro, y algún programa de empleo del armamento letal y no letal para que aquellos que deben asumir el peligro propio de la profesión puedan graduar la violencia física autorizada. Sería importante introducir protocolos y fomentar a través incentivos positivos el cumplimiento íntegro de la jornada de ocho horas. O al menos quien más trabaja en actividades de riesgo perciba un plus por haberlo asumido. O que sea calificado de otro modo y también promovido de manera distinta.-
Sería importante también que se concursen los cargos, que se establezcan cuadriculas y verdaderos sistemas de prevención, es decir modos de actuar antes de que el delito se produzca. Sería importante lograr la participación ciudadana y lograr que esta recupere la confianza en nosotros y tal vez a partir de ello logremos trabajar sin la presión de sus rechazos. Sería importante que los operadores del sistema judicial comprendan que ellos cuentan con notificadores judiciales, que muchas veces nos colapsan con consignas. Y que cuando nos juzguen tomen en cuenta que permanentemente estamos obrando en un insoportable estado de necesidad, que muchas veces nuestros excesos no son el resultado exclusivo de la manifestación de nuestra personalidad, sino que existe una matriz, que como resultado de haber mantenido anacrónicas costumbres, prácticas, tradiciones, normas que no hace otra cosa que producir violencia puertas adentro y puertas afuera de la Institución Policial y lo que terminan condicionando nuestras acciones. Ha dicho Zaffaronni, respecto a estos modelos que; “Todo depende del grado de deterioro institucional que se haya alcanzado. Pero este modelo no sólo lleva a una clarísima violación de derechos humanos de los más vulnerables de la sociedad, sino que también lesiona los derechos humanos del propio personal policial, que sufre pésimas condiciones de trabajo. Además de la precariedad salarial y el escaso entrenamiento, se lo somete a un régimen disciplinario militarizado que en la práctica no es más que un verticalismo autoritario y arbitrario. Cuando un hecho violento repercute sobre la imagen pública policial se lo entrega a la justicia penal. Se lo dota de un armamento precario que sin escala intermedia pasa de las manos a un arma de fuego letal. En esas condiciones se lo coloca en situaciones de riesgo, siendo amenazado por la violencia social y por la arbitrariedad de sus superiores.”[1]
Sería importante que se derogue toda normativa de etiología dictatorial, que se articule un sistema de control interno, externo y de naturaleza cruzada de la actividad policial, con participación –incluso- del mismísimo parlamento.-
Sería importante y hasta vital para nosotros que no se nos siga exigiendo cosas que a ningún humano -dentro de una sociedad democrática- ningún gobierno le exigiría; pues de ese modo nos están conduciendo a una muerte segura, como si nuestra vida carecería absolutamente de un valor vital; cual si no valiera nada.-
Todo esto lo venimos pidiendo, reclamando y ha sido incluso reconocido por Ustedes y por el Gobierno anterior. El reclamo no solo es justo sino también irrefutable. Desde un estado de absoluta indigencia y necesidad, lo reiteramos después con miles de promesas incumplidas. Hay ocasiones en que abundan estrategias, que incluso no requieren grandes inversiones, pero suele pasar que faltan estrategas. Precisamente este no es el caso, si hay que copiar modelos de diseños exitosos resulta suficiente adaptarlos a esta realidad, en definitiva, en hipótesis de irrefutable necesidad, no sirve de nada andar interrogándose respecto al color del gato; cuando lo relevante implica que este sepa cazar ratones.-
Sería importante que se planifique, que se defina expresamente el rol del dispositivo policial en el esquema de la seguridad pública santacruceña sus finalidades trascendentales y específicas y se establezcan los medios que permitan sus logros. Necesitamos que los sistemas de formación y/o capacitación nos den todas las herramientas teóricas y prácticas correspondientes para el desempeño específico de nuestras múltiples funciones. Del mismo modo que ocurre con todo funcionario público electo o no, en cualquier república la sociedad no necesita que vengan a aprender, requiere que vengan aprendidos.-
Existe en Santa Cruz una identidad policial democrática, no somos militares y no queremos comportarnos, ni tomar doctrina de una profesión tan diversa. Somos policías, y hemos ido generando una doctrina al amparo de la democratización de nuestra sociedad, de la evolución de los derechos humanos, de los cambios que han operado tras la globalización y el exponencial desarrollo tecnológico. En nuestras escuelas no se da siquiera una definición de policía, no se estudia su origen, ni estudian modelos policiales. Tal vez por ello no estemos en lo cierto, sabemos que la policía es una invención moderna, que nace junto a los códigos penales, la pobreza masiva y las prisiones. Tenemos entendido también que la forma en que saludamos fue tomada del medio evo, cuando antaño ciertos vigilantes se descubrían el yelmo y decían “Te respeto, pero no te tengo miedo”.-
Nosotros definitivamente somos funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley. Y nos consideramos esclavos de ella y no de hombres, ni mujeres. Y solo pretendemos continuar haciendo nuestro trabajo con seguridades que hoy no tenemos. Queremos apagar incendios, asumiendo el peligro, pero con equipamiento adecuado. Queremos hacer prevención con armamento letal y no letal con equipos de protección, según los casos, con seguros de accidentes y riesgos de trabajo, queremos perseguir e investigar el crimen con los medios necesarios y ofrecer servicios penitenciarios en cárceles sanas y limpias. En una institución que respete los derechos humanos de sus miembros para que estos luego puedan convertirse en garantes de los derechos humanos de la sociedad. Queremos una institución que mida sus niveles de eficiencia y eficacia conforme la cantidad de derechos que ha contribuido a restablecer, defender y garantizar y no que mensure sus resultados en torno a la cantidad de personas prisionalizadas o presuntos hechos delictivos denunciados.-
Solamente solicitamos una breve audiencia y una respuesta fundada de su parte para poder proyectar nuestro porvenir y el de nuestras familias. Para darle tranquilidad a nuestros padres, esposas, hijos, familiares y amigos, de que tenemos chances de regresar de nuestras jornadas laborales. Y al mismo tiempo, principalmente, poder decirle a la sociedad que no se va a seguir frustrando el derecho a la seguridad, que dicho sea de paso resulta el más elemental de los derechos. Carente de contenido, tal vez, pero plafón del derecho a la vida, a la libertad, a la educación, a la salud, etc. El derecho a los derechos tal como lo vienen diciendo desde el año dos mil doce.-
Nota del editor: los gráficos son puestos solo a fines ilustrativos del artículo.-
[1] Zaffaroni, Raúl Eugenio. La Cuestión Criminal. Página 12. Edición Especial. Buenos Aires. Capítulo 24. Pág. III y IV
