Acá hay una gran confusión, entiendo creada por el mismo Gobierno. Presumo también que a este nuevo Gobierno le conviene tenernos divididos pues así es más fácil negarnos nuestros derechos como trabajadores.
Paradójicamente el primer Presidente de la Nación que reconoció a los policías como trabajadores y en consecuencia implícitamente nos otorgaba derechos de tales fue Néstor Carlos Kirchner. Y abono prueba de ello, lo hizo en un medio gráfico tras la muerte de nuestro camarada Sayago. Los logros en materia laboral nunca retroceden. No creo que la misma hermana -hoy Gobernadora- de quien fuera el primer Presidente Argentino en otorgarnos dicho estatus se oponga al Decreto que estamos invocando.
El primer Gobernador del País que nos dio derechos de trabajadores también fue Kirchnerista y lo hizo a través de un Decreto que adjunto y a continuación explico. Aclaro que la única policía que no se acuarteló en la revuelta nacional del 2013 fue la nuestra. Nosotros ya teníamos un mecanismo de debate donde se nos respetaba.
Si bien ese derecho se le fue arrancado tras una medida; este mandatario entendió que la única forma que teníamos de reclamar nuestros derechos, y recibir el mismo trato que cualquier trabajador de la administración pública provincial, era articular un mecanismo semejante a las negociaciones colectivas de trabajo que celebran el resto de los gremios.
Para ello, y tras darnos uno de los aumentos más grandes de nuestra historia conseguido, no por los Oficiales Superiores, sino por Agentes (incluso Altas en Comisión) Suboficiales y Oficiales Subalternos y un par de Oficiales Jefes y un Escribiente cesanteado en ese momento.
Aducía el Gobierno que, con la intención de ordenar el vínculo laboral y la retribución salarial en general de cada sector en particular de la Administración, se había creado un régimen de negociación colectiva de trabajo, con la intervención de sindicatos que tenían la representación legal de los trabajadores.
Reconocieron que por razones legales nosotros no podíamos obtener la personería gremial. Y que por ello estábamos excluidos de la estructura de la negociación colectiva. Que eso no implicaba la inexistencia de la necesidad de crear procesos de acercamiento y diálogo para mejorar el vínculo que el Estado debe tener con la totalidad de los trabajadores policiales.
Consideraron que era oportuno “canalizar la dinámica de intercambio y oposición de intereses a fin de alcanzar acuerdos con los trabajadores, de tal sector tan particular del Poder Ejecutivo Provincial, resultando conveniente la creación y puesta en marcha de un organismo que contenga a las partes de la relación laboral".
Es decir que no se trata de una mansa aceptación de lo que ofrece el gobierno, sino que es una puja de intereses. Con representantes de nuestros trabajadores que tienen que consultar a las bases antes de firmar. Que no tienen que llegar "a pegar los tacos", sí lo deben hacer en servicio y tampoco se debe ser irrespetuosos. Pero se trata de paritar y solo paritan los pares. Los iguales en ese ámbito, se grita, se discute por los derechos de nuestros policías. Se va con información precisa, con datos de lo que se le da a los demás, se pelea por el sector. Nadie ha logrado nada ante el poder político arrodillándose y pidiendo por favor.
La asesoría para ello hizo un dictamen y el Gobierno diseño unas pautas para lograr esa figura en subsidio de los clásicos convenios con los otros sectores. Repito, para no excluirnos y reconocer nuestro derecho a la igualdad formal del Art. 16 de la Constitución Nacional, el derecho a no ser discriminado.
En el Anexo 1 del Decreto aludido: Se estableció como se integra el Consejo y dice que lo componen los representantes del Poder Ejecutivo provincial, designados por el Gobernador/a de la Provincia el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros, quien intervendrá como Presidente del Consejo, el Jefe de la Policía Provincial o el Oficial Superior por aquel designado (la patronal) y quienes ejerzan la representación del Personal Policial en actividad.
En ningún lado dice que es la Asociación Civil Policial la que debe paritar, menos aún su Presidente y/o Vocales o Tesorero, nosotros mismos organizamos como era el órgano de representación y lo reglamentamos firmando un pacto entre todos los representantes de todas y cada una de las localidades de la provincia que obra en la página del Órgano de representación del personal activo de los trabajadores policiales santacruceños.
Las asociaciones civiles no pueden paritar. La nuestra fue creada para financiar la actividad del órgano, pero fue más un pacto de honor entre los fundadores que fueron todos los autoconvocados del 2012 y el 2013. Actualmente hay muchos de ellos en actividad, muchos de los fundadores deberían pasar a la categoría de socios vitalicios. Ellos han dejado todo ahí.
Lamentablemente por razones particulares el Presidente actual no es un fundador pues no se autoconvoco en ninguna de las dos exitosas medidas. No resulta ser personal en actividad, no ha elegido representantes de cada dependencia para organizar desde las bases el órgano de representación. Tampoco era su tarea.
Pero el Decreto ni siquiera dice que el órgano debe ser integrado por socios de la Asociación Civil Policial, sino que puede entrar a paritar aquellos que representen al menos el 20 por ciento del personal en actividad. Lo mismo para los retirados.
Es decir que para entrar al Consejo del Salario los representantes deben contar con el aval de un 20% del personal en actividad. Y los retirados deben contar con el 20 por ciento de los pasivos. Esto se debe acreditar antes de entrar en las negociaciones.
Cada vez que paritan los otros gremios también paritamos nosotros. Además, el Estado debe financiar esta actividad. Y el consejo puede requerir toda la información necesaria para lograr sus acuerdos.
